Bosques por 5 pesos

La Ley de Bosques tiene el presupuesto más bajo desde que se sancionó. La baja de las retenciones y el escaso monto destinado por el gobierno de Mauricio Macri alarman a distintos sectores. Importantes organizaciones ambientalistas del país solicitaron al jefe de Gabinete, Marcos Peña, que incluya la totalidad de los fondos correspondientes en el presupuesto 2017. 

A  través de una campaña en redes sociales, que incluyó una misiva firmada en conjunto por Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), se solicitó al jefe de Gabinete del Estado nacional que la elaboración del Presupuesto 2017 respete los montos que prevé la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos (N° 26.331). De asignarse la partida correspondiente el Estado debería destinar 7.000 millones de pesos al cuidado de los bosques en 2017.

“El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de implementar la Ley de Bosques y asignar el total del fondo legalmente previsto, cumpliendo con los compromisos acordados en la Conferencia de las Partes de París 2015 (COP 21) y asumiendo la conservación de los bosques nativos como una política de Estado que garantice el bienestar de las generaciones presentes y futuras”, enfatizan desde FARN y Vida Silvestre.

Las organizaciones ambientales señalan que, entre 2010 y 2015 se otorgaron 1.239 millones de pesos en vez de los 14.750 millones, es decir solo el 8,5% de los fondos estipulados por ley. "Esto redunda en la degradación del bosque, tal es así que desde 1990 se perdieron 7,6 millones de hectáreas" (el equivalente al territorio de la provincia de Formosa). La falta de fondos ubica a nuestro país en el noveno lugar entre 234 países que menos cuidan sus árboles nativos según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y registra una pérdida anual de 180.000 hectáreas de masa boscosa.

¿Qué implica la falta de fondos?

Según FARN y Vida Silvestre, la falta de presupuesto impide en gran medida la creación de inventarios forestales y relevamientos de biodiversidad a lo largo del país; el desarrollo de planes para mantener y aumentar el estado de conservación y la capacidad productiva de productos forestales madereros y no madereros; o que se cuente con guardaparques y autoridades de aplicación fortalecidas con recursos económicos para la planificación, monitoreo y evaluación de áreas protegidas públicas y privadas. “El Estado abandona los bosques nativos”, dicen.

En el mismo sentido se expresó Manuel Jaramillo, director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre. En un artículo editorial publicado por el diario La Nación bajo el título “El Estado abandona los bosques nativos”,  Jaramillo hizo un recorrido histórico sobre los alcances de la ley e instó a las autoridades a cumplir con lo que dicta la ordenanza.  En consonancia con eso, sentenció: “La Jefatura de Gabinete tiene la responsabilidad de incluir la partida presupuestaria para el cumplimiento de la ley 26.331 y los legisladores tienen el deber cívico y ciudadano (para los que fueron honrados con el voto popular) de velar para que esto ocurra o corregirlo en caso de que así no sea”.  (Fuente: Suplemento ECO/Martín Kardaz/Sep2016)

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