Acuerdo de Escazú

El Acuerdo Escazú busca brindar información, participación y justicia ambiental para América Latina y el Caribe. Tras la media sanción de la Cámara baja, Argentina se convierte en el décimo país en aprobar el Tratado.

 

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y firmado en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. La presente validación representa una garantía más del Estado nacional hacia la ciudadanía en relación a la adopción de acciones concretas tendientes a la equidad ambiental.

El convenio tiene como objetivo garantizar la implementación, en los Estados parte, de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. También, la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, para contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, celebró la aprobación del Acuerdo de Escazú para Argentina, luego de conocerse el resultado afirmativo de la votación de Diputados. “La ratificación de este instrumento era una deuda pendiente en el acceso a derechos en materia ambiental”, reconoció el ministro.

El acuerdo fue tratado en el recinto a mediados de agosto en la Cámara alta, donde fue aprobado por unanimidad. Con la media sanción obtenida en Diputados, el Congreso Nacional ratifica el tratado regional vinculante, convirtiendo al país en el décimo en ser un Estado parte.

Además, Cabandié afirmó que "es de suma importancia la ratificación de este acuerdo regional porque se trata del acceso a la información y la participación pública, y repara en el acceso a la justicia ante determinadas circunstancias".

El ministro lo consideró como “sumamente enriquecedor para la agenda ambiental” y destacó el compromiso de la “militancia juvenil” como impulso para la aprobación de este instrumento.

Entre los países que ya lo aprobaron se encuentran Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y, ahora también, Argentina. Para que el tratado entre en vigencia debe ser ratificado por 11 de los Estados que adhirieron, por lo que solo falta la aprobación de un país más. 

 

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