El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas aprobó un proyecto para la creación de un grupo de trabajo que se encargará de negociar, finalizar y remitir una propuesta de Declaración sobre los Derechos de Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales.
El proyecto fue promovido por Bolivia y coauspiciado por Guatemala, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y Palestina, entre otros; y busca responder a la vulnerabilidad en la que viven poblaciones rurales en el mundo, en particular en lo que respecta a la inseguridad alimentaria.
El informe concluye que agricultores y otras personas que trabajan en áreas rurales forman parte de las poblaciones más discriminadas y vulnerables en muchas partes del mundo.
Esta declaración surgió como iniciativa en 2008, durante la Conferencia Internacional para los Derechos Campesinos celebrada en Jakarta, y fue La Vía Campesina quien la presentó en la ONU.
La resolución sienta un precedente y constituye un modelo a seguir, en el que se reconocen nuevos derechos como el derecho a la tierra y al territorio, el derecho a las semillas y al conocimiento agrícola y las prácticas tradicionales, el derecho a los medios de producción agrícola, a la protección de los valores agrícolas locales, entre otros.
A diario miles de personas en las áreas rurales son víctimas de expropiación de sus tierras, desalojos y desplazamientos forzados, a causa de un fenómeno global denominado “land grab” o apropiación de la tierra.
Según Vía Campesina (Movimiento Campesino Internacional) , existen 1,2 mil millones de campesinos y campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Esta población constituye el 80 por ciento de la hambruna a nivel mundial, del cual el 70 por ciento son mujeres, refiere el informe final del Comité Asesor.
“Las mujeres campesinas se ven particularmente afectados por el hambre y la pobreza, en gran parte como resultado de la discriminación en el acceso y control sobre los recursos productivos, como la tierra, el agua y el crédito”, señala el informe.
Para superar esta situación de exclusión la Comisión Consultiva recomendó al CDH “crear un nuevo procedimiento especial para mejorar la promoción y protección de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales”.
También exigió una mayor atención a la reforma agraria en beneficio de los titulares de pequeña escala de la tierra y promover la seguridad de la tenencia y el acceso a la tierra, en particular para las mujeres.
Asimismo, llamó a que las políticas gubernamentales estén lo suficientemente bien formuladas para atender las necesidades de las personas más vulnerables que trabajan en las zonas rurales.
Proclama que el derecho a la tierra debe ser reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos.
La resolución de las Naciones Unidas, para Vía Campesina, implica un reconocimiento integral de las comunidades campesinas como actores titulares de derechos humanos que deben ser defendidos. Por su parte, los gobiernos nacionales tienen la responsabilidad de aplicar programas y políticas que promuevan la soberanía alimentaria, las condiciones de vida en el campo y la protección de campesinos y campesinas, del mismo modo que son responsables legales de la protección de sus derechos humanos.
“Esta victoria es un jalón en la lucha campesina contra la marginación, la pobreza extrema, los desalojos, la criminalización cuando reivindican su derecho a la tierra y al territorio y resisten no sólo la apropiación y destrucción de ecosistemas sino la violación de sus derechos humanos en cuanto campesinas y campesinos. En muchas partes del mundo los movimientos campesinos sufren amenazas, campañas de desprestigio, cárcel, juicios injustos, represión, muerte”, aseguraron desde el Movimiento Campesino.
Foto: Servindi.org
